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1. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público (RISP).

La Ley 37/2007 traspone al ordenamiento español la Directiva 2003/98/CE, la cual ha sido modificada recientemente por la Ley 18/2015, de 9 de julio, que traspone la Directiva 2013/37/UE.
El ámbito subjetivo de aplicación, se extiende a las Administraciones y organismos del sector público.
Desde la perspectiva de su aplicación objetiva, la ley contempla una definición genérica del término documento que engloba todas las formas de representación de actos, hechos o información, y cualquier recopilación de los mismos.
Se prevén los aspectos básicos del régimen jurídico de la reutilización, indicando que las Administraciones y organismos del sector público podrán optar por permitir la reutilización sin condiciones concretas o, mediante la expedición de una licencia.
Se prevé que las Administraciones y organismos difundan qué documentación es susceptible de ser reutilizada mediante la creación de listados e índices accesibles en línea de los documentos disponibles, con el objeto de fomentar y facilitar las solicitudes de reutilización.
El régimen de reutilización garantiza el pleno respeto de los principios que consagran la protección de datos personales, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo.
Por otra parte, las Administraciones y organismos del sector público deben adecuarse a las normas de competencia, evitando acuerdos exclusivos.
La ley establece el procedimiento para poder arbitrar las solicitudes de reutilización, en el que tienen una especial relevancia los plazos de resolución (20 días).
Por último se establece para la Administración General del Estado un régimen sancionador.
La presente Ley tiene carácter de legislación básica, a excepción de algún artículo.